Durante la segunda mitad del siglo XVIII surgen escenarios de conflicto entre la clase dirigente española y los criollos y mestizos. Una de estas situaciones fue la imposición española de las políticas centralizadoras borbónicas, como los problemas que giraron en torno a la fiscalización de las rentas del cabildo por parte de los intendentes; la instauración de nuevos impuestos, el control del comercio local de los peninsulares, y la política indígena impulsada por la Corona.
Uno de los sucesos se originó en 1748 cuando el gobernador Domingo Ortiz de Rozas intervino el Cabildo de Santiago con el propósito de fiscalizar y ordenar las inversiones de sus rentas. Con el apoyo de la Real Audiencia, dispuso que se redujeran los salarios de sus miembros, situación que desató la protesta de los criollos, que se enfrentaron ante la resolución del gobernador. El conflicto se prolongó hasta entrado el gobierno siguiente y concluyó con la imposición de la medida y la salida de los criollos notables del cabildo, quienes fueron reemplazados por comerciantes españoles.
Otro conflicto entre ambos grupos se dio en 1753, fecha en que se estableció el estanco del tabaco, que consistió en la exclusividad del comercio de este producto para los peninsulares, lo que provocó la protesta de los criollos, quienes asaltaron la casa del gobernador, el que reaccionó mediante la conformación de fuerzas militares compuestas por peninsulares, con el objetivo de reprimir los alzamientos.
En 1766 se decretó el alza de los precios del estanco, lo que produjo más protestas. Así, en Santiago aparecieron carteles y proclamas adheridas en las puertas de las iglesias y otros sitios, donde amenazaban con quemar la casa del administrador del estanco y robar su hacienda. Como consecuencia de esta situación, los peninsulares, quienes eran minoría en el cabildo, no vendieron tabaco mientras duró la protesta. Por otro lado, el Gobierno y la Real Audiencia redoblaron la presencia militar en la ciudad.
En 1776 nuevamente estalla el conflicto social, esta vez en torno a la centralización a la política fiscal por parte de los españoles. En 1767 se creó la Contaduría Mayor de Cuentas, encargada de la contabilidad de las finanzas del reino, y además se habían dispuesto medidas que cambiaran el régimen de recaudación de impuestos para así evitar la evasión tributaria que cometían hacendados y comerciantes criollos, todo esto a favor de los españoles. El conflicto fue el más grave en décadas y se extendió a las provincias, incluso se amotinó el Ejército de la Frontera, lo que obligó al gobernador Jáuregui a negociar con los criollos.
Manuel de Salas era entonces procurador del cabildo y uno de los promotores de las protestas. Según el historiador Diego Barros Arana, "el contador defendió la conveniencia de las medidas que había puesto en práctica y culpó al fiscal José Perfecto de Salas y a sus hijos, uno de ellos alcalde ordinario y el otro procurador general de la ciudad, como asimismo a otros miembros del cabildo, de haber promovido los tumultos de julio y agosto. Según el contador general interino, sin la actividad sediciosa del procurador general de la ciudad, Manuel de Salas, el reino habría aceptado las reformas". Además, al fiscal Salas se le acusaba de ser "el más poderoso y activo opositor del establecimiento de la Contaduría Mayor y de la administración de la alcabala y almojarifazgo, y cuantioso defraudador del fisco".
En definitiva, la administración española en América defendía las políticas del Estado absolutista español, cuyo centralismo había sido revigorizado por los Borbones, cuya pieza clave en la reorganización administrativa había sido la Ordenanza de Intendentes (1786). Así, los intendentes, asistidos por los subdelegados, sustituyeron a los corregidores y alcaldes.
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