En la minería del salitre, de la plata, del carbón y del cobre; en las actividades portuarias; en las fábricas de Santiago, Valparaíso, Viña del Mar, Concepción y otras ciudades, se estaba formando una clase obrera que empezaba a abrazar las ideologías de redención social del socialismo y del anarquismo. Ante la proliferación de sus huelgas y protestas, el Estado, preocupado por el mantenimiento del orden social, desde 1903 había respondido a las reivindicaciones proletarias con sucesivas masacres. La "cuestión social" ardía en Chile en vísperas del primer Centenario de su independencia nacional.
En un contexto global de gran prosperidad de la clase dirigente y del Estado, la devaluación monetaria había bajado el valor de cambio del peso chileno de 18 a 7 peniques, encareciendo drásticamente el valor de los alimentos. No obstante la degradación de su nivel de vida y las duras condiciones de trabajo, las reivindicaciones del proletariado tarapaqueño a fines de 1907 eran más bien moderadas. Los obreros del salitre pedían pago en dinero legal y no en fichas-salario emitidas por las compañías, que sólo podían ser cambiadas por productos disponibles en las tiendas ("pulperías") de las mismas empresas a precios más elevados que en el mercado libre; libertad de comercio para evitar esos abusos; estabilidad en los salarios utilizando como norma el equivalente de 18 peniques por peso; protección en las faenas más peligrosas para evitar accidentes que causaban numerosos muertos; establecimiento de escuelas vespertinas para obreros financiadas por las empresas. Los trabajadores de Iquique -portuarios, ferroviarios y obreros fabriles- exigían alzas de sus magros salarios a fin de compensar la pérdida de su poder de compra por la devaluación monetaria. Casi todos -pampinos e iquiqueños- coincidían en exigir el cambio a 18 peniques.
El 4 de diciembre se declararon en huelga en Iquique más de 300 trabajadores del ferrocarril salitrero y a los pocos días hicieron lo mismo los obreros portuarios y luego los de otras varias industrias. Pero la falta de coordinación entre los huelguistas y las concesiones de algunos empresarios erosionaban el movimiento.
La situación cambió radicalmente en pocos días. El 10 de diciembre empezaron una huelga los obreros de la salitrera de San Lorenzo y dos días más tarde, ante la negativa de la empresa de acceder a sus peticiones, un puñado de esos operarios se dirigió a la salitrera más cercana, Santa Lucía, para paralizar sus faenas. El ejemplo fue imitado y así, recorriendo el desierto más árido del mundo, los obreros extendieron su movimiento. En los días siguientes más y más "oficinas" salitreras paralizaron sus faenas y los trabajadores concluyeron que para obtener respuesta a sus reivindicaciones debían bajar a Iquique, donde se encontraban los representantes de las compañías inglesas, chilenas, alemanas, españolas e italianas que explotaban con grandes beneficios la fabulosa riqueza del nitrato arrebatada por Chile a Perú y Bolivia durante la Guerra del Pacífico (1879-1883).
La "única fuerza" del patrón
Luego de marchar toda la noche, el primer grupo de unos 2.000 obreros llegó Iquique al amanecer del domingo 15 de diciembre. El intendente provisional Julio Guzmán, que reemplazaba al renunciado Carlos Eastman, dialogó con los pampinos y con los representantes patronales. Guzmán trató de convencer a los obreros del salitre de que volvieran a la pampa, dejando en Iquique sólo a un comité para llevar las negociaciones. Pero como los trabajadores se negaron a hacerlo mientras sus reivindicaciones no fueran satisfechas, la autoridad no tuvo más remedio que alojarlos en la escuela Santa María.
Entre tanto, miles de pampinos (algunos con sus mujeres e hijos) continuaban afluyendo en trenes y a pie a Iquique. Su presencia reanimó las huelgas de los obreros iquiqueños, que el 16 de diciembre fundieron su movimiento con el de los trabajadores del salitre, constituyendo un "Comité Central de la Pampa y el Puerto Unidos", como órgano conductor de todas las huelgas. Ese mismo día el gobierno del presidente Pedro Montt instruyó a las autoridades locales para que decretaran un virtual Estado de sitio e impidieran la bajada de más pampinos. Fuertes contingentes militares fueron enviados a Iquique. En una de las naves despachadas desde Valparaíso viajaron el intendente Carlos Eastman, reasumido en su cargo, y el general del ejército Roberto Silva Renard.
Luego del desembarco -el 19 de diciembre- Eastman se entrevistó por separado con los líderes de la huelga y con los dirigentes de la Combinación Salitrera, organismo representativo de los capitalistas. Aunque los empresarios dijeron estar dispuestos a estudiar las peticiones obreras, se negaron a discutir bajo la presión de los huelguistas porque, según declararon, de hacerlo en esas condiciones "perderían el prestigio moral, el sentimiento de respeto que es la única fuerza del patrón respecto del obrero". El impasse se repetiría el 20 y el 21 de diciembre.
Furia represiva estatal
Ante el fracaso de todas sus tentativas de mediación, poco antes de las 14 horas del 21 de diciembre, Eastman transmitió por escrito al general Silva Renard la orden de desalojar la escuela Santa María, donde se encontraban unos 5.000 huelguistas, a los que se sumaban otros 2.000 más en la Plaza Montt, reunidos en meeting permanente frente a la escuela. Ante la negativa del Comité de huelga de evacuar el lugar y dirigirse al hipódromo, Silva Renard hizo avanzar dos ametralladoras, colocándolas frente a la escuela. Luego de media hora de infructuosas discusiones entre oficiales y dirigentes obreros, el general se retiró anunciando que haría uso de la fuerza. Sólo unos doscientos trabajadores abandonaron el lugar en medio de la rechifla de sus compañeros.
A las 15.45 horas comenzó el fuego de ametralladoras y fusilería, que atravesaban los frágiles muros de madera de la escuela. Cientos de personas cayeron acribilladas. Cuando cesaron los disparos, la infantería entró a la escuela descargando sus armas sobre los obreros. Los que huían eran lanceados por soldados a caballo. Después de varios minutos infernales, los detenidos -unas 6.000 a 7.000 personas- fueron arreados hacia el Hipódromo por la soldadesca, que perpetró nuevos asesinatos.
Aunque el gobierno reconoció sólo 126 muertos y 135 heridos, la prensa obrera y diversos testigos elevaron varias veces esa cantidad. Las autoridades provinciales organizaron rápidamente el retorno de los pampinos a sus lugares de trabajo y el gobierno central puso algunos barcos a la disposición de quienes desearan trasladarse al centro del país. Paralelamente, se decretó censura de prensa, se desató una cacería de los dirigentes obreros -especialmente anarquistas- que habían logrado escapar y se produjeron numerosas detenciones.
La "huelga grande" de Tarapacá había sido ahogada en sangre por el Estado, sin que mediara violencia alguna de parte de los trabajadores. La masacre de la escuela Santa María de Iquique se recordaría como la página más negra de la historia del movimiento obrero chileno, hasta el golpe de Estado de 1973.
El general Silva Renard justificaría su acción diciendo que, convencido de que "no era posible esperar más tiempo sin comprometer el respeto y prestigio de las autoridades y fuerza pública" había ordenado hacer fuego. Pero según se deduce de su informe al gobierno, los huelguistas no habrían representado un peligro para la seguridad pública sino, simplemente, un desafío al poder de las autoridades.
El temor a los trabajadores fue el elemento clave en el desencadenamiento de la furia represiva estatal. Así lo interpretó el diputado liberal Arturo Alessandri Palma, quien en el debate de la Cámara de Diputados sostuvo que en Iquique no se había producido ningún acto que justificara reprimir y que la censura a la prensa decretada por el gobierno no era "sino miedo y cobardía". Era el miedo atávico de la clase dominante chilena a la sociedad popular. Pero la masacre no fue el resultado de un pánico descontrolado. La decisión de ametrallar a los huelguistas había sido adoptada previamente en caso de que éstos se negaran a abandonar la escuela. Como lo reconociera en la Cámara el ministro del Interior, Rafael Sotomayor, los sucesos del 21 de diciembre "no fueron debidos a un acto de impremeditación, de culpable e inhumana ligereza. Cada una de las autoridades, en mérito de la magnitud de desgracias que podrían sobrevenir, (...) pesó muy bien sus resoluciones (...) y hubo de apelar a recursos extremos y dolorosos, pero que las difíciles circunstancias hacían, por desgracia, inevitables".
La "guerra preventiva"
Aunque pacífico, el desafío del movimiento obrero era intolerable para el poder civil y militar: "Había que obrar o retirarse dejando sin cumplir las órdenes de la autoridad", declaró Silva Renard. Y agregó: "Había que derramar la sangre de algunos amotinados o dejar la ciudad entregada a la magnanimidad de los facciosos que colocan sus intereses, sus jornales, sobre los grandes intereses de la patria. Ante el dilema, las fuerzas de la Nación no vacilaron".
Se trató, en suma, de una acción puntual de "guerra preventiva" contra los trabajadores. Más que una amenaza en sí misma, la "huelga grande" tarapaqueña era un peligro latente por el mal ejemplo que podía proyectar una actitud de debilidad del Estado y los patrones. El leit motiv de las autoridades era el mantenimiento del orden público supuestamente amenazado por los huelguistas. El propio ministro del Interior confesó haber instruido a las autoridades locales acerca de "la necesidad de hacer respetar el orden público cualquiera que fuese el sacrificio que ello importara, por doloroso que fuera el procedimiento que se impusiera".
Populismo, un arma eficaz
La matanza de la escuela Santa María de Iquique fue la expresión más cínica del orden oligárquico que reinaba en Chile a comienzos del siglo XX. Pocas veces en la historia del país el poder se mostraría tan al desnudo como en aquella oportunidad. En los años posteriores a estos sucesos el conflicto entre las clase sociales se agudizó. Los trabajadores más avanzados comenzaron a percibir más claramente que el Estado estaba del lado de los patrones y que por eso, junto con fortalecer la autonomía y unidad de sus organizaciones sociales, debían enfrentar a la burguesía más allá del terreno laboral. Así nacieron el Partido Obrero Socialista (1912), la anarcosindicalista Federación Obrera Regional de Chile (1913) y rama chilena de la Industrial Workers of the World (1919), de orientación igualmente anarcosindicalista.
Por su parte, la burguesía aceleró su toma de conciencia acerca de la necesidad de emplear prioritariamente las armas de la política -leyes sociales, políticas asistenciales, diálogo y cooptación- para hacer frente al movimiento obrero. El populismo sería más eficaz para frenar la contestación social que la represión ciega. La "guerra preventiva" quedaría como reserva estratégica en caso de nueva necesidad. De este modo, la matanza de la escuela Santa María sirvió para que todos los actores del drama social chileno de comienzos del siglo XX rediseñaran sus estrategias para las batallas por venir.
Fuente. Artículo de Sergio Grez. Le Monde Diplomatique, Edición Chilena, N° 102, Diciembre 2007
