Las "jornadas de protesta nacional" (1983-1986): un movimiento social contra el régimen militar
La grave crisis económica de 1982 desencadenó un amplio movimiento social que buscó el fin de la dictadura. Partidos políticos, gremios profesionales y sindicatos -reforzando su papel tras años de marginación- convocaron, entre 1983 y 1986, a reiteradas "jornadas de protesta nacional", uniendo a diversos sectores afectados por los estragos de la crisis. La respuesta del régimen alternó entre la represión y una limitada apertura.
La primera protesta: 11 de mayo de 1983
La jornada inicial se programó para el 11 de mayo de 1983. Una semana antes, Rodolfo Seguel (DC, líder de la CTC) desistió de convocar una huelga general al ver minas rodeadas por militares, optando por la protesta. Seguel declaró que el llamado no era por "una ley más o una ley menos", sino contra un "sistema completo que nos trata de asfixiar con armas como el terror y la represión".
Tras casi una década de silencio, el descontento se expresó masivamente. Miles de personas evitaron enviar a sus hijos al colegio, faltaron al trabajo y limitaron el uso del transporte y las compras. La manifestación se extendió a las universidades, acompañada de bocinazos pidiendo la caída de Pinochet y el cántico "Y va a caer…". Al atardecer, el ruido se amplificó con cacerolazos, mientras en los barrios populares se levantaban barricadas.
El éxito de la protesta se debió a varios factores:
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La reacción del Gobierno fue represiva. Pinochet lo tildó de "plan soviético de desestabilización" y el discurso oficial lo asoció a violencia y vandalismo. El saldo de ese día fue de dos muertos, 50 heridos y 300 detenidos.
El diálogo frustrado y la reorganización política (1983-1984)
Entre mayo de 1983 y octubre de 1984, se realizaron 11 jornadas de protestas. El rol de los dirigentes políticos se hizo más notorio, actuando como portavoces en la estrategia para poner fin al régimen, a la par que reorganizaban las fuerzas opositoras.
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La AD encontró interlocutor en el ministro del Interior, Sergio Onofre Jarpa, nombrado por Pinochet para gestionar la crisis. Un diálogo se inició el 25 de agosto en casa del arzobispo Juan Francisco Fresno. Pese a ciertas medidas (fin de la censura de libros, retorno de algunos exiliados), las reuniones fueron poco fructíferas. En octubre, Pinochet aclaró que el nombramiento de Jarpa buscaba más apaciguar que negociar realmente, sentenciando que los políticos "podían seguir conversando, pero la Constitución no se alterará". El poder de Jarpa decayó, dejando el cargo en 1985.
Nuevas formas de protesta
La autoinmolación de Sebastián Acevedo en 1983 -frente a la catedral de Concepción, en protesta por la detención y posible tortura de sus hijos- causó gran impacto e impulsó la creación de grupos con tácticas creativas de manifestación:
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Las manifestaciones masivas continuaron con fuerza en 1984. Una dramática se convocó para el 4 y 5 de septiembre, a la que el Gobierno respondió con Estado de Emergencia. En esa jornada, el sacerdote francés André Jarlan murió por una bala perdida en su habitación de la población La Victoria.
El ambiente siguió tenso. El 30 de octubre, el Movimiento Democrático Popular (MDP) -fundado en 1983 con la consigna de "todas las formas de lucha" e integrado por el PC, el ala dura del PS, el MIR y grupos radicalizados- convocó a una nueva protesta con huelga general. La movilización fue intensa y violenta, y la represión muy dura: 9 muertos, decenas de heridos y centenares de detenidos. Pinochet puso fin a la "apertura", decretando Estado de Sitio, toque de queda y suspensión/censura de medios el 7 de noviembre de 1984.
El endurecimiento de la represión y la vía pacífica (1985)
La mañana del 29 de marzo de 1985, fueron secuestrados en Santiago José Manuel Parada (sociólogo y funcionario de la Vicaría de la Solidaridad) y Manuel Guerrero (profesor), ambos miembros del Partido Comunista, junto al publicista Santiago Nattino. Al día siguiente, aparecieron degollados en Quilicura (Caso Degollados).
Este y otros hechos similares generaron dos reacciones:
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Así, el 25 de agosto de 1985 se firmó el "Acuerdo Nacional para la Transición a la Plena Democracia", que por primera vez unió a la oposición moderada con sectores de derecha afines al régimen. Este documento no exigía la renuncia inmediata de Pinochet, sino la reforma de la Constitución, marcando un nuevo espíritu de entendimiento para la futura transición. Sin embargo, no tuvo éxito inicial, ya que Pinochet desechó la idea.
El año decisivo que no fue (1986)
En 1986, surge la Asamblea de la Civilidad, que agrupa a 15 de las organizaciones más importantes del país. Presentaron la "Demanda de Chile" al Gobierno, que fue rechazada de inmediato, provocando una protesta convocada para el 2 y 3 de julio de 1986. La represión fue particularmente severa y quedó marcada por la tragedia de Rodrigo Rojas y Carmen Gloria Quintana, quienes fueron quemados vivos por una patrulla militar (solo ella sobrevivió).
Paralelamente, el Partido Comunista, a través del FPMR, apostó por que 1986 sería "el año decisivo", con la "Operación Siglo XX" para asesinar a Pinochet. El 7 de septiembre, el atentado contra el dictador, al regresar de El Melocotón, fracasó por un desperfecto del rocket lanzado, aunque murieron 5 guardaespaldas.
El atentado provocó una represión inmediata: cuatro profesionales de izquierda fueron secuestrados y asesinados en las horas posteriores, y en los meses siguientes se desarrolló la "Operación Albania", que resultó en la muerte de 12 frentistas.
De esta forma, 1986, en lugar de poner fin al régimen, evidenció el fracaso de los intentos por derrocar a Pinochet, ya sea por la vía violenta o por la presión social, lo que llevó al declive de las protestas. A partir de entonces, aunque la izquierda más radical mantuvo su línea de "rebelión", el resto de la oposición optó por una nueva fórmula: aceptar la institucionalidad militar y sus plazos, pero utilizando los espacios existentes para enfrentar eficazmente a Pinochet.
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