El Bicentenario según El Mercurio

"Al cumplirse dos siglos del acto que dio comienzo al proceso político que habría de concluir, ocho años después, en la independencia de Chile de la monarquía española, es indispensable hacer un balance de las realizaciones de la República y, sin perjuicio de una natural satisfacción por los numerosos logros alcanzados, esbozar también un diagnóstico de las deficiencias que exhibe el funcionamiento de sus instituciones y que el tercer siglo republicano debería procurar corregir. Unos años antes de 1910, un destacado político aludió —con palabras que se hicieron célebres— al malestar que él advertía en la sociedad chilena. Cien años después abundan también las expresiones de malestar. Se han logrado, sin duda, notables avances en todo orden de cosas, en especial en los campos económico y social, pero hay ámbitos en que las inercias son de tal magnitud —salud y educación, por ejemplo— que los remedios tienen un costo político que por momentos parece casi imposible de abordar. “El Mercurio”, nacido sólo nueve años después de haberse declarado solemnemente la independencia de Chile, ha servido de vehículo para el libre intercambio de opiniones y de observador privilegiado del desenvolvimiento de nuestra patria. Por tal motivo, sus columnas, además de celebrar como es legítimo, creen necesario plantear en este día una reflexión sobre un básico problema institucional. Y puede ayudar a iniciarla una revisión de lo que en estos 200 años ha sido la vida institucional del país. Desplazado el régimen monárquico, durante el decenio de 1820 Chile experimentó con variadas fórmulas de inspiración liberal que resultaron inviables. Con la Constitución de 1833, el Presidente de la República fue revestido de poderes similares, si no mayores, a los que tenía el antiguo gobernador del reino en el medio siglo final de la monarquía. Eficaz para asegurar los pasos iniciales de la República, ese modelo empezó a ser resistido por los sectores políticos. Mediante la incorporación de diversas prácticas, el país derivó hacia formas parlamentarias de gobierno, lo que se hizo muy perceptible en el gobierno de José Joaquín Pérez. Pero ese parlamentarismo en ciernes estaba limitado por la Carta de 1833, y en ella se atrincheró el Presidente Balmaceda para oponerse a una evolución a la cual él mismo había contribuido.  La revolución de 1891, triunfo de las ideas parlamentarias, no se tradujo en las obvias reformas constitucionales que le hubieran dado eficacia a esa forma de gobierno. Y esa incapacidad llevó al movimiento militar de 1924 y a una nueva Carta Fundamental al año siguiente, que creyó encontrar la solución en un reforzamiento del poder del Ejecutivo. Frente a un Presidente dotado de amplísimas facultades, los partidos políticos se convirtieron en instrumentos de presión sobre aquél. El sistema proporcional, al impedir la formación de grandes mayorías, obligó al Presidente a negociar permanentemente con los partidos, en especial con aquellos que lo apoyaban, para lo cual la moneda de cambio fue el acceso a los cargos de la administración del Estado. Los partidos, a su vez, se sirvieron de la función legislativa para satisfacer las exigencias de sus adherentes con los fondos fiscales. Esto impidió un manejo hacendístico razonable y anuló la posibilidad de despachar proyectos de ley de buena factura. La legislación de la época, abundantísima, era caótica y contradictoria, lo que llevó incluso a aceptar la delegación de facultades —un sorprendente reconocimiento del Congreso de su incapacidad para elaborar normas aceptables. La radicalización ideológica, justificada por sus mentores en la incapacidad del sistema democrático para resolver los acuciantes problemas económicos y sociales, dio origen a proyectos reformistas que, catalogados como “intransables”, fueron impuestos a determinados sectores sociales con costos jamás medidos. Esa tendencia, acentuada a partir de 1970 con el sometimiento al modelo marxista, pero con un programa llevado a cabo dentro de la institucionalidad vigente, demostró la inoperancia de las herramientas constitucionales frente al avasallador poder presidencial. Cabía suponer que después de tal experiencia, cualquier nuevo marco institucional sería particularmente cuidadoso en el diseño de los equilibrios dentro del sistema político. Pero eso no ocurrió: echando mano a nuestra tradición presidencialista, la carta de 1980 aumentó aún más la preponderancia del Ejecutivo.  Pero lo más notable es que las numerosísimas reformas recibidas por la Constitución desde antes de la restauración del régimen democrático evitaron, con singular cuidado, tocar siquiera al Presidente de la República. Como las modificaciones a la Constitución de 1980 la han aproximado cada vez más a la de 1925, Chile cuenta hoy con un arreglo institucional que ya probó sus evidentes limitaciones. A un aparato público marcado por algunos reveladores signos de corrupción a los que no estábamos habituados, se agregan en la actualidad el desprestigio de la función parlamentaria, una legislación no pocas veces deplorable, la permanente improvisación normativa y los efectos no deseados que surgen de leyes mal estudiadas. En una suerte de singular involución, el país bien podría enfrentarse a un cuadro institucional que no se merece, por el que ya pasó hace 30 o 40 años. Con casi dos siglos de vida republicana, Chile no muestra hoy un marco institucional suficientemente coherente. Urge, en consecuencia, ordenar las prioridades del país y enfrentar y resolver la que parece encabezarlas: la relación entre el Presidente y el Congreso. Luego de las gravísimas fracturas políticas y de la convivencia en el extinto Estado de Derecho de los años 70, hoy podemos felizmente enorgullecernos de variadas evidencias de modernización. En cierto sentido, el país marcha a la vanguardia de aspectos renovadores clave que urgen en toda la región latinoamericana, y el ojo de los extranjeros, en general, es más elogioso que nuestro espíritu autocrítico. Sin embargo, estas satisfacciones que nos depara nuestra marcha hacia el desarrollo y la modernización no deben hacernos olvidar que aún no conseguimos superar la pobreza dura, ni que nuestras fallas institucionales y de funcionamiento del Estado pueden afectar." Fuente: El Mercurio, 18 de septiembre de 2010